Art. 21

Inscrito el nombramiento del liquidador cualquiera que hubiere sido la causa de la disolución de la compañía, le incumbe ejercer y cumplir especialmente las funciones y deberes dispuestos en el artículo 389 de la Ley de Compañías, así como otras disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal y en el estatuto social. Cuando se ha dispuesto que sea el representante legal quien se haga cargo de la liquidación, observará lo establecido en el citado artículo 389 de la Ley de Compañías, en lo que fuere aplicable, a partir de la inscripción de la resolución de disolución o liquidación o de la escritura pública o documento privado de disolución voluntaria. Serán responsables ante los socios, accionistas o terceros, de cualquier perjuicio por fraude o negligencia en el desempeño de su cargo o, por uso o disposición arbitraria o negligente de los bienes o efectos de la compañía. En caso de omisión, negligencia o dolo, responderán personal y solidariamente por los daños y perjuicios causados, independientemente de la acción penal que pudiere incoarse. Adicionalmente, en estos casos, los liquidadores serán removidos de sus funciones. No es extensiva a los liquidadores la responsabilidad solidaria que contempla el artículo 36 del Código del Trabajo. Tampoco responderán por las obligaciones de la compañía con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas o demás organismos del Estado, generadas antes de su nombramiento o como producto de la liquidación, a menos que, no hubieren aplicado la prelación prevista en el Código Civil para pagar a los acreedores, o hubieran omitido pagar a los acreedores, teniendo la compañía recursos para dicho pago. Todo lo indicado en este inciso no será aplicable a los representantes legales que estuvieren a cargo de la liquidación, o si el liquidador en funciones fue el último representante legal de la compañía.