Art. 356

Si la denuncia o solicitud de nombramiento de interventor resultare manifiestamente infundada, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, al rechazarla, impondrá a los peticionarios o denunciantes una multa de hasta doce salarios básicos unificados del trabajador en general, la misma que será cobrada por el procedimiento coactivo conferido por la ley a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que ingresará a la cuenta de esta entidad. Los peticionarios o denunciantes responderán solidariamente por el pago de la multa.