Art. 143 del Código Tributario

La máxima autoridad de las administraciones tributarias, en el ámbito de sus competencias, tiene la potestad extraordinaria de iniciar, de oficio o por pedido del contribuyente, la revisión de actos administrativos firmes o resoluciones ejecutoriadas de naturaleza tributaria. Cuando esta revisión sea solicitada por una persona legítimamente interesada o afectada por los efectos jurídicos del acto o resolución, la administración estará obligada a admitirla a trámite, sustanciar el sumario correspondiente y emitir resolución motivada. La revisión procederá únicamente en los siguientes casos:

1. 1. Cuando hubieren sido expedidos con evidente error de hecho o de derecho, verificados y justificados según informe jurídico previo, siempre que el error se identifique del análisis de mérito del expediente;

2. 2. Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental que fueron ignorados al expedirse el acto o resolución de que se trate, siempre que se demuestre que hubiera sido imposible ser aportados al procedimiento previo, por caso fortuito o fuerza mayor;

3. 3. Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales actos o resoluciones fueren manifiestamente nulos, en los términos de los artículos 47 y 48 de la Ley Notarial, o hubieren sido declarados nulos por sentencia judicial ejecutoriada;

4. 4. Cuando en igual caso, los documentos, sean públicos o privados, por contener error evidente, o por cualquiera de los defectos señalados en el Código Orgánico General de Procesos, o por pruebas posteriores, permitan presumir, grave y concordantemente, su falsedad;

5. 5. Cuando habiéndose expedido el acto o resolución, en virtud de prueba testimonial, los testigos hubieren sido condenados en sentencia judicial ejecutoriada por falso testimonio, precisamente por las declaraciones que sirvieron de fundamento a dicho acto o resolución; y,

6. 6. Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, para dictar el acto o resolución materia de la revisión, ha mediado delito cometido por funcionarios o empleados públicos que intervinieron en tal acto o resolución.